En Córdoba, De la Sota quiere beneficiar a los sojeros
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- 23 de Abril de 2024
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PRIMERA PARTE
LA LEY LA ROMPE EL BICHO GRANDE Y EN CÓRDOBA DE LA SOTA PARA BENEFICIAR A LOS SOJEROS. ESCRIBE: LÁZARO LLORENS
Incumpliendo abiertamente la ley, en estos 13 años de gobierno de Unión por Córdoba, ni De la Sota ni Schiaretti convocaron a los jurys de valuación rural, como lo estipula la ley territorial, razón por la cual este gravamen hoy tiene valores irrisorios.
El propio De la Sota reconoció su transgresión, cuando para obligar a las entidades gremiales del campo a aportar 310 millones de pesos extras al presupuesto del 2013 señaló:
“Si están tan disconformes, voy a cumplir con la ley. Llamo al jury, determinamos el valor de los campos, que hace 13 años que no se determina, y van a tener que pagar un 600 por ciento más. No hay gobernador que cuide al campo más que yo. Por lo que hay que dejarse de jorobar y de macanear. Si yo les aumento el valor de los campos, por cada peso que le paguen a Córdoba, le tienen que pagar tres pesos más al gobierno nacional”.
Concretamente, su desapego de la norma data desde el 2002.
Ese año, Juan Schiaretti, por entonces gobernador provisorio de Córdoba, firmó el decreto por el cual dispuso el revalúo de las parcelas rurales, que llevaban casi 10 años sin tocarse.
A pesar de que el valor de los campos llevaba años sin actualizarse, y el campo tras la devaluación y de la mano de los cultivos de soja comenzaba a tener rentabilidades históricas, el decreto de Schiaretti nunca se cumplió y por ende los jurys de valuación rural jamás se conformaron.
Esta transgresión duró hasta el 2005. Ese año, poco antes de que se desarrollaran las elecciones para diputados y senadores nacionales, usando la mayoría automática de la Unicameral, por entonces presidida por ¡Schiaretti!, el gobernador De la Sota hizo suspender el revalúo inmobiliario de los sojeros.
Suspendió por el plazo de 3 años la convocatoria a los jurys de valuación, con lo cual los valores de los campos lograron permanecer congelados hasta el 2009, pero sin quebrar la ley.
Eran tiempos donde los aportes del agro al fisco cordobés tenían valores irrisorios, y apenas alcanzaban los 115 millones de pesos. Casi 10% de lo que aportará en el 2013.
Esta suspensión duró hasta el 2009, año en el que vencido el plazo, el Ejecutivo provincial tenía que convocar a los jurys de valuación para actualizar el impuesto inmobiliario rural.
Pero nuevamente no fue así.
Vencido el plazo, el Poder Ejecutivo a cargo ahora del gobernador Schiaretti, no hizo el llamado a los jurys, así como tampoco decretó una nueva suspensión, con lo cual la ley volvió a ser incumplida durante 2010 y 2011.
Un incumplimiento que De la Sota también mantuvo a lo largo del 2012.
SEGUNDA PARTE
“En 1999, de cada 100 pesos de Ingresos Brutos se recaudaban 60 por aquel tributo, hoy por cada 100 se recaudan 12. La justificación es exclusivamente política. Desde el año ’93 no se actualizan las valuaciones fiscales”, sostiene el prestigioso economista Salvador Treber, ex director del Banco Central.
Para contrarrestar esta situación, y aplacar las críticas De la Sota comenzó a crear diferentes fondos específicos que pasaron a engordar los cedulones inmobiliarios.
Estos fondos que ahora ingresan a las arcas provinciales son cuatro: “Fondo de infraestructura Vial”, “Fondo de Desarrollo Agropecuario”, “Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural” y “Fondo para Infraestructura y Gasoductos”.
Tienen dos características fundamentales:
La primera, los recursos obtenidos no son coparticipables, ni con la Nación ni con los municipios. Es decir, son recursos millonarios que el Ejecutivo provincial maneja con total discreción sin que ningún ente o persona los controle.
La segunda característica: son dineros que exclusivamente vuelven en obras y servicios para el sector del campo. Es decir, no es un impuesto sino una “tasa de servicio” que el productor agrícola abona al Estado.
Esta metodología le permitirá manejar a De la Sota en este año electoral y a discreción unos 700 millones de pesos.
Y hay más todavía bajo el poncho de De la Sota.
Ahora quiere suplantar el impuesto inmobiliario rural por una tasa de servicio, a pagar por un índice de productividad.
Gran actualidad parecen tener las palabras del Martín Fierro:
“La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos”.
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