PRIMERA PARTE LA TRAGEDIA EDUCATIVA DE CÓRDOBA. ESCRIBE: MARTIN SAN PEDRO
Con humor de sobrevivientes marcharon golpeados por la policía los estudiantes que hace un año se opusieron a la nueva ley de educación 8113.
A pesar de haber existido marchas previas, discusiones, y fuertes argumentos en contra del proyecto de ley, el mismo fue aprobado, transformando el “derecho” a la educación, en un “servicio” del estado.
La crónica periodística de los principales medios jamás se ocupó del contenido de dicha ley, mostrando una vez más el cotillón del acontecimiento, es decir creando idiotas.
Durante los meses precedentes, la toma de las escuelas en Capital, y Rio Cuarto fueron llamativas, el pueblo estudiantil se mostraba inquebrantable en su posición respecto al proyecto, pero eso, a sus representantes poco les importó.
La comunidad artística en sus diversas formas expresó con su legítima disciplina que algo no andaba bien.
Mientras tanto el periodismo sólo hablaba de caos, de barbarie y como siempre de su miseria.
Algunos discursos de política camaleónica resonaban pálidos en los principales medios cordobeses, mientras la comunidad estudiantil era reprimida por la policía en pleno centro de la ciudad, las banderas flameaban escupiendo letras de impotencia, odiando el cinismo en el rostro de quienes hicieron de nuestro futuro, su negocio.
Nos preguntamos: ¿La educación deja de ser un derecho?
Enseguida la respuesta a la tragedia educativa
SEGUNDA PARTE
Para comenzar a analizar el contenido de la nueva ley de educación provincial 8113, es necesario remarcar la nula participación activa de los estudiantes.
No participaron en colaboración al proceso democrático en el cual se incluyeron diversos sectores de la sociedad, tales como el consejo asesor de educación técnica y trabajo, integrado por empresas como Arcor y Minetti.
En su artículo número uno, bajo el titulo: ámbito de aplicación, se hace referencia a la educación como un SERVICIO, distinguiendo: provinciales, municipales y privados, entonces bien; la educación deja de ser un DERECHO para ser un SERVICIO DEL ESTADO.
Otro de los controvertidos puntos de la ley, se encuentra en su artículo once, donde la educación pública pierde su carácter de laica al permitir la formación religiosa en dicho “servicio”, artículo que además contradice el tercero de la misma ley, en el que se hace referencia a una educación pública exenta de dogmatismo.
Con el nuevo servicio de educación legalizamos la injerencia de empresas privadas en el diseño curricular, habilitando así el acceso de intereses a la formación educativa, y conculcando en consecuencia una mirada sensible del mundo, hasta entonces, pilar fundamental de la educación básica.
Con una concepción arancelaria de educación pública se fomenta la creación de diversos organismos de apoyo y se legitima a las cooperadoras escolares como centros de recaudación y financiamiento, otro retroceso en materia de igualdad de oportunidades y acceso a la educación.
Con la sanción de una ley que destruye los paradigmas democráticos, debemos recordar la lucida reflexión de Jean Paul Sartre “somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros” y seremos lo que podamos hacer con la tragedia educativa.
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